A vueltas con el «gratis»

Leyendo la estupenda entrada de ladrona de calcetines [Escritores, tomates, actores, Rolex y leyes], voy a parar al último artículo de Fernando Savater [Los colegas de ‘Mad Max’] que, ya en su título y de forma casi constante en sus párrafos, parece recurrir a la forma de la ofensa o del menosprecio de aquellos que opinan lo contrario y se enfrentan a las tesis defendidas por la industria y sus valedores o paladines del Ministerio de Cultura y su cohorte de creadores. Que, empero, prefiero ser colega de ‘Mad Max’ a ser su enemigo. Al menos él era el héroe en un mundo decadente. Nunca se llegó a explicar, que yo recuerde, cómo acabaron en ese estado. Diría que en algo tuvo que intervenir la degradación industrializada de la cultura para llegar a esa situación.

No voy a opinar en sí sobre el artículo pues creo que lo dicho por Javier resume, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, las sensaciones que produce la lectura del ideario de Savater. Simplemente añadiría a las palabras de Javier, en mi línea y de producción particular, que Amador debe estar bastante asqueado con la forma de argumentar tan poco ética de otro defensor que confunde industria con cultura y que enmascara derecho de explotación dentro de propiedad intelectual.

No, lo que me trae nuevamente por aquí es la reiterada, abusada —y a veces creo que malintencionada— idea del todo gratis y de que a lo gratis nos apuntamos todos. Algo que ya empieza a tocarme algo las narices. Y me sorprende que un filósofo, supuesto experto en Ética, se preste a fomentar una idea errónea. En realidad no hay nada, absolutamente nada de nada, gratis. Todo, absolutamente todo, tiene algún coste. No existe un solo acto cósmico, en su vertiente más filosófica o metafísica, que no tenga consecuencias. Pero si a dinero nos remitimos en primera aproximación, la cosa se resume fácilmente en unas pocas preguntas: ¿De dónde sale el dinero con el que se paga a esos mismos senadores y diputados que hacen leyes para censurar Internet? ¿Quién pone el dinero para las cenas en que se reúnen los defensores de los derechos de autor explotación con la intención de afinar el discurso? ¿Y esas subvenciones astronómicas que se otorgan a películas y directores de, seamos comedidos, dudosa calidad y, simplemente, porque son amigos (o la propia ministra)? [Sinde subvenciona su propia película con un millón de euros]. Tiraré de hemeroteca a ver si encuentro alguna acusación del señor Savater al respecto de un comportamiento ético un tanto disoluto.

Trantándose de dinero, nada de lo que hacen nuestros representantes políticos, nunca olvidemos que supuestamente elegidos por el pueblo, resulta gratis. Sí, eso mismo, hay una cosa que se llama impuesto —independientemente del adjetivo o sobrenombre que le queramos poner— y que escrupulosamente debemos pagar todos y cada uno de nosotros. Salvo que haya corrupción, ya sea en forma de trajes de miles de euros o de maletines cargados de dinero bajo la mesa, ese mismo IRPF, ese IGIC o IVA y todos esos impuestos municipales que llegan de forma sigilosa al buzón, es el dinero que permite mantener la maquinaria, algo defectuosa y viciada, del Estado de Bienestar y, de paso, es el que paga las dietas de los diputados, que mantiene a un Ministerio de Cultura obcecado en llevar la contraria a la mayoría de los ciudadanos que se oponen a una ley de muy dudosa funcionalidad y, aún más grave, haciendo oídos sordos a la petición de un diálogo entre todas las partes. Así que, para empezar, me gustaría saber cuánto dinero de la Tesorería del Estado se lleva invertido en sacar para adelante una ley que, repito, no va a servir para nada o, cuando menos, no va a servir en la forma e intención en la que se encuentra redactada ahora mismo. No voy a negar que, en este caso, los impuestos los pagamos tanto creadores como consumidores, pero hay temas más importantes en los que dedicar esfuerzo ahora mismo. ¿Qué tal invertir más en investigación y desarrollo para que Merkel no lo tenga tan fácil a la hora de llevarse a toda una generación de futuras promesas? [La Embajada de Alemania informa de los requisitos para trabajar]

Pero, aunque al final todo esto se resume en que los intermediarios quieren ganar más y más a toda costa aferrándose a un modelo de negocio que tiene los días contados, incluso hasta el punto de que un troglodita como Alejandro Sanz tenga la feliz —más bien enfermiza— idea de comparar propiedad intelectual con los niños con SIDA [Alejandro Sanz ‘compara’ a los niños de África con SIDA con la propiedad intelectual] o cuando un tal Gerardo Herrero compara a la ciudadanía con los traficantes de cocaína [«Alex de la Iglesia ha perdido la cabeza con el Twitter»], no sólo en dinero medimos los costes. O mejor dicho, es un error inmenso medir las cosas exclusivamente en dinero. Aunque nuestra cultura tradicional cristiana lo haya fomentado Papa tras Papa. Lo que está haciendo el Gobierno, en la persona de la ministra González-Sinde, es darle otra puñalada a un modelo de Estado de Derecho ya en sí bastante tocado e hipotecar la confianza en el modelo actual de libertades en España. Porque, ¿cuánto vale realmente la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de los valedores de la libertad?. En la espina dorsal de la Democracia está la separación de poderes y, al decir tácitamente que los jueces no sirven para velar por los intereses de la industria de la cultura, se está carcomiendo, aún más si cabe, uno de los principios de nuestro modelo de garantías de libertades. El totalitarismo con el que actúan está agrandando la brecha que se abre entre las diferentes realidad (o las percepciones de la realidad). Y ya se sabe la cantidad de inmundicia que se cuela entre las brechas y con qué facilidad se infectan las heridas. Por mucho que guste a miembros destacados —y a muchos subvencionados—, lo que está haciendo la actual ministra es cimentar el futuro sobre un sustrato de pólvora. Por mucha buena intención que se les suponga en la redacción y futura práctica de la ley, ya sabemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Aparecerán futuros gobernantes que hagan uso menos lícito, suponiendo que los actuales no tengan otras intenciones ocultas tras tanta energía dedicada, y tanta tesorería malgastada, a velar por los intereses de las productores de las industrias del entretenimiento. Sinceramente creo que el precio que estamos pagando, y el que nos quedará por pagar como sociedad, no vale la pena. Ya lo dije en otra ocasión: La Ley Biden-Sinde es una caja de Pandora que no merece la pena abrir. Y, si las metáforas no son lo tuyo, se me ocurre que el próximo gobierno del PP —¿alguien tiene alguna duda de que nos gobernarán a partir de 2012? ¿Y de que lo hará con mayoría absoluta?—, tendrá un precedente impensable e indiscutible en una democracia para invalidar cualquier investigación judicial y dar carácter ejecutivo a comisiones partidistas que reabrirán las conspiraciones del 11-M [Lo que importa a los andaluces] y taparán con la misma mecánica cualquier investigación de corrupción. Por poner un único —tal vez rebuscado— ejemplo. Pero a ver con qué cara se presenta cualquier otro partido a decirle que eso es ilícito si, como digo, ya se ha sentado precedente.

En general siempre me he considerado más un observador que un activista, pero llega un punto en el que hay que tomar partido. Por ello he decidido firmar la petición de Actuable pidiendo la dimisión de la ministra Sinde [Ministra Sinde: nosotros, los votantes, pedimos tu dimisión]. Te animo a que hagas lo mismo.

Ya, para concluir, refuerzo las palabras del añadido al artículo de Javier en su actualización. Efectivamente, yo soy uno de esos que exijo firmemente la transparencia de un Gobierno sin secretos al tiempo que exijo privacidad en mi servicio de conexión a Internet. Mantener un Gobierno no me resulta gratuito, pagando religiosamente los diferentes impuestos necesarios para mantener esta Sociedad Anónima que es la España postransición. Por lo que exijo a mis empleados, en forma de gobernantes, la máxima transparencia para decidir si tras su mandato los apoyaré o no en su reelección. No se me ocurre a nadie que no exija en cualquier establecimiento garantías de que aquello que están haciendo lo están haciendo bien. ¿O cualquiera de nosotros se sentiría cómodo en un restaurante si supiese que nadie vela por que se cumplan los mínimos de salud? Por eso mismo exijo transparencia absoluta. Y por el mismo principio que hay de fondo cuando pago en un hotel no quiero que pongan en su puerta que me estoy alojando en él, exijo a las operadoras de telefonía y los prestatarios de diversos servicios en Internet —léase Google en este caso— que guarden escrupulosamente privacidad sobre mis actividades. Hago mío aquel dicho que reza «el que paga manda». Y yo pago tanto a unos como a otros. Y si alguien tiene alguna duda sobre la licitud, incluso sobre la legalidad, de mi comportamiento, siempre podrán acudir a un juez para que inicie una investigación al respecto. Hasta entonces exijo que se me suponga el beneficio de la inocencia. Y, de paso, que los gobernantes no malgasten mi dinero dinamitando la sociedad.