¿Prevaricación?

Sigo basante de cerca el conflicto de la sanidad pública madrileña. Aunque paso más de la mitad del tiempo en Las Palmas, mi lugar de residencia, trabajo para una empresa de la capital y paso unas cuantas noches al mes —muchas más al año— en Madrid. Cerca del piso en el que me quedo hay un centro de salud y frecuentemente veo al personal del centro manifestarse en la puerta. Tienen mi simpatía por muchos motivos. El primero porque deben pasar un frío de pelotas tanto tiempo en la calle. Frío que aguantan estoicamente luchando por una causa justa. El segundo porque no creo en las privatizaciones innecesarias. Ojo, no estoy en contra de las privatizaciones por ideología o porque sí. Simplemente no creo en aquella que no garantiza el buen uso de los recursos públicos, que pagamos entre todos.

Lo sigo, como decía, no porque viva en Madrid y me perjudique o beneficie directamente la decisión que tomen. Sino porque creo que sienta un precedente, un camino que otras comunidades podría seguir. Para lo bueno, si se opta por la autogestión, y para lo malo, si se delega este caso en el ánimo de lucro. Por convicción creo que la sanidad de un país es un indicador del bienestar de su población y tengo serias dudas de que la gestión privada, en este caso sinónimo del ánimo de lucro —que nadie trabaja por amor al arte— no suponga o un deterioro de la calidad del servicio o un incremento del coste final. Si ahora para garantizar una calidad determinada hay que invertir cien millones, por poner una cantidad, el margen de beneficio que gusta disfrutar al empresario privado hará que suponga ciento treinta y cinco millones tras la privatización [1]. O eso o bajan la calidad, como he dicho.

Claro que lo anterior es un supuesto. Y que el presupuesto que ha presentado el comité profesional de médicos se basa también en supuestos. Pero es que en todo este proceso no hay nada más que argumentos basados en supuestos. Ni el mismo consejero de sanidad de Madrid, Lasquetty, está seguro de cuánto se ahorrará [2], si es que al final se ahorra algo. De lo que sí está seguro es de que algunas de las propuestas que los médicos han llevado a la mesa perjudican a los pacientes y a la sanidad en general. Aunque me permitiré decir que, por muy seguro que esté, en realidad no lo puede estar. Simplemente lo cree. Así que también son supuestos. O sea, que todo esto, y todo el follón que llevan montando con tal de privatizar, no es más que un baile de supuestos y más supuestos. Y, como han demostrado promesa rota tras promesa rota, el PP, y el discurso político en general, no es más que un cúmulo de supuestos y más supuestos. ¿A qué si no vienen con que ellos creían que podrían pero que la realidad ha demostrado que no?

Tras meditar en ello unos minutos, porque mi desorden de atención no me permite profundizar más en los temas interesantes, me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busqué el lema prevaricación. En su edición actual pone lo que muestra la siguiente captura:

O sea, traspaso para los buscadores (y para que se lea algo mejor): «Delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario.». Dicho en román paladín, cuando un juez, una autoridad o un funcionario (¿a qué no saben que un político es una autoridad y ejerce una función pública, eh?) toma una decisión sabiendo que con ello perjudica a unos en beneficio de otros (porque siempre hay quien sale ganando cuando se prevarica).

El matiz está en establecer qué podemos considerar algo como injusto. Aquí vamos a volver al juego de los supuestos. El primero es sobre el Estatuto de los trabajadores. La privatización de un centro conlleva un cambio sustancial en las condiciones de trabajo de sus empleados. Tal vez cogido por los pelos, cierto, pero no por ello menos válido. Si el recorte en gasto implica la eliminación de puestos de trabajo tenemos que a) los que se quedan deben realizar mayor cantidad de esfuerzo (falsa productividad) para mantener el mismo grado de calidad prestado (la falacia de la reducción de personal cuando hay que recortar), b) los despedidos salen perjudicados porque pierden su medio de sustento, y tal vez el de sus familias, y c) porque un incremento del número de parados implica que la fuerza laboral de este país, cada vez más exigua, debe dedicar más dinero a las prestaciones por desempleo.

Vamos a suponer, no obstante, que existe una fórmula mágica que únicamente conocen los empresarios que se quedarían con el servicio por la que, sin despedir a nadie, sin detrimento de la calidad prestada, consiguen obtener su margen de beneficio y, encima, nos ahorran una pasta gansa al resto de españoles. ¿Dónde recortarían? ¿Pagando menos al personal? Entonces volvería a perjudicar al sistema, dado que este modelo económico por el que todos hemos apostado no se basa en otra cosa sino en que la gente consuma. Cuanto menos dinero tiene la gente, menos se consume, así que directa o indirectamente lo acabaremos pagando todos. Cierre de empresas que ya no consiguen vender lo suficiente, cierre de servicios agregados, etcétera, etcétera. ¿Reducir comprando productos sanitarios más económicos? Es posible, ¿pero de misma calidad? Recordemos que la premisa es que no hay pérdida de calidad. ¿Dónde se ahorra entonces? Si ni el consejero de sanidad lo sabe, entiendo que es una quimera. Una autoridad que apuesta por algo que desconoce está actuando de forma descuidada e injusta para los ciudadanos, los que le votaron y los que no.

Por otro lado, si al final el régimen de ahorro se consigue aplicando las propuestas que los médicos han llevado a la mesa, u otras similares, ya que algunas parecen realmente interesante y correctas, también entiendo una medida injusta, pues no ha dado oportunidad a las mejoras propuestas por un equipo directamente relacionado con el problema; máxime cuando la supuesta privatización puede posponerse a los resultados de un año, mientras que la marcha atrás, en caso de que falle la privatización, supondrá un coste adicional a las arcas públicas.

Se me ocurren más supuestos (supuesto, supuestos, supuestos…) por los que la privatización, en este momento, me parece una decisión injusta. Pero no quiero alargar mucho más la entrada.

Todo esto que he expuesto me hace creer que hay indicios suficientes para, de aprobar la decisión mañana tras todos los datos y análisis presentados en prensa estos días, el consejero de sanidad estaría cometiendo prevaricación. Por ello, estaré dispuesto a secundar y firmar cualquier causa que solicite la imputación a Javier Fernández-Lasquetty de un presunto delito de prevaricación. Asimismo, y por la comisión de omisión para evitarlo, a Jaime Ignacio González González, actual presidente de la Comunidad de Madrid. Creo que hay causa justificada tras leer «El delito de prevaricación».

Pero claro, yo soy un lego en leyes. Y esto no es más que otra sarta de supuestos. ¿Algún especialista en la materia que considere bueno ofrecer algo de luz? ¿Habría o no habría caso? En un mundo ideal, de ser imputado, y por la guía de buenas conductas que sigue a rajatabla el PP debería dimitir para no comprometer a su partido. Esto último lo he dicho irónicamente, por si cabía alguna duda de ello.

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[1] Artículo de El País «Privatizar la gestión de 27 centros de salud costará 20 millones en 2013» de 18 de diciembre de 2012 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/18/madrid/1355869408_194898.html]. La partida destinada a pagar a las empresas es de veinte millones, por medio año. Por tanto, y aplicando aritmética simple, para el siguiente serán cuarenta. [2] Artículo de El País «Lasquetty admite que no sabe cuánto ahorrará privatizando los hospitales» de 19 de diembre de 2012 [http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/19/madrid/1355912557_178097.html]